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Cumplimiento de la LISMI

La LISMI es la ley de integración social del minusválido ley 13/1982 de 7 de abril, que establece para las empresas públicas y privadas, con una plantilla superior a 50 trabajadores, la obligación de contratar a un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2%.

La LISMI pretende, entre otros objetivos, impulsar y fomentar la integración laboral de personas con discapacidad.


¿Qué son las Medidas Alternativas?

Las Medidas alternativas son, por lo tanto, una opción de carácter excepcional que ofrece la Ley para hacer frente total o parcialmente a esta obligación a través de otras medidas sustitutorias reguladas en el Real Decreto 364/2005.
Entre estas Medidas Alternativas o Sustitutorias a la contratación de personal discapacitado, existe la posibilidad de contratar servicios a un Centro Especial de Empleo como es el de esta Fundación o la realización de donaciones o acciones de patrocinio como medida alternativa a la contratación.

Todos nuestros servicios son realizados por personal discapacitado de nuestro Centro Especial de Empleo, por lo tanto, es importante destacar que con la contratación de nuestros servicios o la donación correspondiente, se está ayudando a fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad y a la vez, supone el necesario cumplimiento de la ley para el empresario.

El incumplimiento de la obligación implica:

  • Prohibición de contratar con la Administración.
  • Pérdida o exclusión hasta un periodo máximo de un año de determinadas ayudas.
  • Sanciones económicas de más de 3000€ por cada trabajador no cubierto.


Medidas y mecanismos de control para el cumplimiento

La constatación del insuficiente grado de cumplimiento de este 2% puso de manifiesto la necesidad de establecer medidas alternativas y mecanismos de control. Esta necesidad se constató por primera vez el año 1997 cuando se aprobó un plan específico a favor de la ocupación de las personas discapacitadas, con el objetivo de poner en práctica una serie de medidas urgentes para la promoción de la ocupación de este colectivo. Pero no fue hasta el año 2000, mediante el RD 27/2000, cuando las empresas obligadas a cumplir el 2% podrán aplicar las medidas alternativas siguientes:

  • Compra de bienes a un Centro Especial de Empleo o a un autónomo con discapacidad.
  • Formalización de un contrato civil o mercantil con un Centro Especial de Empleo, con un trabajador autónomo para la prestación de servicios ajenos y accesorios a la actividad normal de la empresa.
  • Donación o acción de patrocinio.
  • Creación de Centros Especiales de Trabajo (CET) y los enclavamientos* laborales; RD 290/2007 del 20 de febrero.

Conseguir que el 2% de su plantilla sean personas con diversidad funcional, no es fácil.


¿Dónde seleccionarlos? ¿Dónde emplearlos? ¿Debe adaptar sus instalaciones?

El Centro Especial de Empleo, le asesora en las posibilidades para cumplir la ley de la forma más provechosa y efectiva para su empresa, las Medidas Alternativas, que le permiten cumplir La Ley sin tener que seleccionar y contratar personas con diversidad funcional directamente.

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